Esta nueva Ley, aprobada el pasado mes de agosto, adopta las bases derivadas de la legislación comunitaria europea y configura los elementos esenciales para la regulación de este instrumento.

La Ley persigue, básicamente, los siguientes objetivos:

  1. Conseguir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y favorecer la transición hacia una economía baja en carbono.
  2. Reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han elaborado durante los últimos años.
  3. Promover y garantizar la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos.
  4. Fomentar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, y reducir la dependencia energética del exterior.

40% menos emisiones en el 2030: La Ley establece unos hitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de reducción es del 40% respecto del año base para el 2030, del 65% para el 2040 y del 100% para el 2050.

Los presupuestos de carbono: El Parlamento aprobará la cantidad total de emisiones permitidas para el conjunto del territorio, y tendrá que indicar qué parte corresponde en los sectores cubiertos por la Directiva del mercado de emisiones y cuál a los conocidos como sectores difusos, no sujetos a la Directiva. Los presupuestos se establecerán para periodos de cinco años y se aprobarán con una antelación de diez.

Huella de carbono: El Gobierno tendrá que establecer las bases para un sistema de evaluación de la huella de carbono de los materiales para la construcción y los productos industriales finales. De esta manera, los consumidores podrán decidir su adquisición conociendo las emisiones asociadas a su producción y a su transporte.

El Fondo Climático: La Ley crea un fondo de carácter público, el Fondo Climático, que servirá, entre otros, para impulsar el fomento de las renovables; descentralizar redes y fomentar el autoconsumo eléctrico, etc.

Fiscalidad ambiental: Establece que las administraciones públicas tienen que grabar las actuaciones que hacen aumentar la vulnerabilidad o incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y tienen que incentivar fiscalmente las actuaciones que favorecen la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones. Se grabarán las emisiones portuarias de grandes barcos.

Acceso a recursos básicos: La Ley incluye la garantía de acceso a los recursos básicos de energía y agua. La vulnerabilidad de una población hacia los impactos del cambio climático, especialmente a los llamados fenómenos extremos, como las olas de calor, las de frío o las sequías, está en gran parte determinada por su capacidad a acceder a estos dos recursos básicos.

Organización: La norma especifica que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad tiene las competencias y las responsabilidades en la planificación y ejecución de las políticas climáticas de Catalunya.

La normativa la tenéis accesible en nuestro módulo de requisitos legales de LaIndustria.

Categorías: Legislación

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *